El Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2003, acordó

ratificar la propuesta de la Comisión Especial de Convivencia y Solidaridad Internacional del día 21

de febrero de 2003, sobre el recuerdo, reconocimiento y reparación moral de las personas fusiladas

y represaliadas durante la guerra civil en Navarra, cuyo texto se transcribe a continuación:

«1. El Parlamento de Navarra avala y suscribe la "Declaración en favor del reconocimiento y

reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros fusilados a raíz del 36" propuesta por la

"Asociación de familiares de fusilados y desaparecidos de Navarra a raíz del golpe militar del 18 de

julio", cuyo contenido es el siguiente: "Es público y notorio que en Navarra, uno de

los lugares donde se gestó el golpe militar contra la República democráticamente constituida, no se

desarrolló en 1936 enfrentamiento bélico alguno, y, sin embargo, unas tres mil personas fueron

asesinadas por ser consideradas afines a la República o simplemente por sus ideas.

Los asesinatos se llevaron a cabo por partidas organizadas a tal fin por los sublevados, dirigidos

por sus juntas de guerra, y sin mediar ningún atisbo de legalidad ni formalismo alguno. Estos actos

criminales se llevaron a cabo no sólo con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia

Católica, manifestada públicamente a favor del llamado ‘Alzamiento’, sino en algunos casos con

su participación directa.Los familiares debieron sumar al drama de la pérdida de un ser querido, toda la injusticia derivada

de una guerra y la dictadura impuesta: el dolor y la situación de incertidumbre ante las personas

desaparecidas, la disgregación de los núcleos familiares por las penas de cárcel y destierro,

las secuelas síquicas que muchas personas no pudieron superar nunca y pagaron con la

enfermedad y la muerte prematura, la penuria económica (muchos sufrieron el expolio de sus

propiedades), y el horror cotidiano de las afrentas públicas (cortes de pelo y paseos...), los agravios

e insultos (lanzados desde todas las instancias oficiales y medios de comunicación de la dictadura

o, en algunos casos, desde los púlpitos de las iglesias, y continuados en la calle al amparo de

estas entidades), la persecución brutal del euskara y de la cultura euskaldun, la proscripción oficial,

la marginación social y la indefensión más completa. Tras la muerte del dictador Franco, en muchos

casos los familiares y amigos de los asesinados desenterraron los cadáveres de cunetas, descampados

y tapias. Lo hicieron a la luz del día, con el cariño y la dignidad de sus allegados, pero sin el

reconocimiento oficial. Ninguna de las instituciones de Navarra implicadas

en el golpe militar o en la dictadura reconocieron sus gravísimos actos ni pidieron perdón

públicamente. Tampoco lo ha hecho hasta la fecha la jerarquía de la Iglesia Católica.

En bastantes lugares del mundo al concluir las dictaduras o períodos nefastos del pasado y cargados

de crímenes políticos se crean ‘comisiones de la verdad’, se abren espacios públicos desde

las más altas instituciones para debatir, para esclarecer y en el fondo para que haya una catarsis

que permita restablecer la verdad, reparar con justicia a las personas y cerrar las heridas del

pasado. El resultado, sin embargo, aunque doloroso y fuerte, permite establecer un punto de partida

la sociedad –a toda ella, a las víctimas y a los represores–, no hubieran existido.

En nuestra querida tierra un velo de silencio cubre estos acontecimientos, a pesar de afectar

directamente a varias decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos navarros que en la intimidad

y no sin temor transmiten de generación en generación aquella horrible tragedia.

No es bueno que la sociedad navarra continúe agachando la cabeza, puede y debe saldar aquella

tragedia consigo misma y colmar ese vacío de justicia. Con este reconocimiento tardío se pretende

realizar un acto de justicia. Actuar así levantará acta de una sociedad en convivencia más justa

y respetuosa de todas las ideas e, igualmente, de una democracia más profunda. En ese sentido es

consecuente que las Instituciones de Navarra pongan las condiciones para eliminar aquellos

elementos simbólicos contrarios a la libertad y representativos de ese pasado que deseamos

superar. A partir de ahí la ciudadanía de hoy y las futuras

generaciones podremos encarar el futuro sin ese baldón misterioso del que nadie habla en

público y sabremos extraer las correspondientes enseñanzas de la memoria histórica. Especialmente

destacaremos una: ninguna idea puede justificar tamañas barbaridades que deshumanizan

a la persona hasta su límite máximo la muerte-, que asolan de dolor a sus seres más

queridos, que degradan hasta lo más bajo a los ejecutores y que dejan un legado marcado por

sufrimientos y odios muy negativos y profundos  a las generaciones futuras. Así pues, nunca más y

libertad, el progreso y la justicia social. Por ello, no dudamos en proclamar que forman parte de la

selecta pléyade de navarros y navarras que mayores aportaciones ha realizado a favor del

bien común de nuestra tierra. Murieron por la libertad y la justicia social y desde el Parlamento

de Navarra les rendimos nuestro más sincero reconocimiento y homenaje."

2. El Parlamento de Navarra declara que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el

pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer

regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que

merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática.

3. El Parlamento de Navarra apoya la iniciativa del Ayuntamiento de Sartaguda de erigir un

monumento-escultura en recuerdo de las personas asesinadas en la guerra civil de 1936, muestra

su voluntad de estar representado en la inauguración del Monumento e insta al Gobierno de

Navarra a apoyar económicamente su construcción.

4. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra y al resto de las Administraciones

Públicas a coordinarse y cooperar con los medios materiales y humanos necesarios para facilitar la

exhumación, identificación y enterramiento de las víctimas de la Guerra Civil que por defender sus

ideas políticas fueron asesinados y enterrados sin identificar en fosas comunes.

En este sentido, el Parlamento de Navarra solicita a los distintos organismos de la sociedad

que guarden documentación en sus archivos históricos (civiles, religiosos y militares) acerca de

partidas de nacimiento o defunción de estos años, la pongan a disposición de la opinión pública para

facilitar el conocimiento del paradero de los restos de los fusilados en el 36.»

Pamplona, 26 de marzo de 2003.

El Presidente: José Luis Castejón Garrués.