“Declaración en favor del reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros fusilados a raíz del 36” (10/03/2003)
La declaración aprobada por el Parlamento de Navarra el 10 de marzo de 2003 (publicada en el B.O.N del 28/03/2003) constituye un hito destacado en la recuperación de la memoria histórica de Navarra, la reparación moral de las víctimas y la denuncia de la represión ejercida por el franquismo desde 1936. “Murieron por la libertad y la justicia social y desde el Parlamento de Navarra les rendimos nuestro más sincero reconocimiento y homenaje”, proclama esta declaración que será el prolegómeno de la futura ley de memoria histórica de Navarra para cuyo debate y aprobación habrá que esperar diez años (26 de noviembre de 2013).
La declaración institucional fue aprobada con 28 votos a favor y 22 abstenciones. Votaron afirmativamente 28 parlamentarios (11 de PSN-PSOE, 8 de Euskal Herritarrok, 3 de IUN-NEB, 3 de CDN y 3 de EA-PNV), Las 22 abstenciones fueron las de los parlamentarios de UPN. Además, tanto CDN (que votó a favor), como UPN, que se abstuvo, mostraron sus reparos a aludir a la participación directa de la Iglesia Católica en la represión.
CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El texto de la declaración propuesta por AFFNA36-NAFSE, tal y como recoge el diario de sesiones del Parlamento, dice textualmente: “Es público y notorio que, en Navarra, uno de los lugares donde se gestó el golpe militar contra la República democráticamente constituida, no se desarrolló en 1936 enfrentamiento bélico alguno, y, sin embargo, unas tres mil personas fueron asesinadas por ser consideradas afines a la República o simplemente por sus ideas. Los asesinatos se llevaron a cabo por partidas organizadas a tal fin por los sublevados, dirigidos por sus juntas de guerra, y sin mediar ningún atisbo de legalidad ni formalismo alguno. Estos actos criminales se llevaron a cabo no solo con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica, manifestada públicamente a favor del llamado “Alzamiento”, sino en algunos casos con su participación directa”.
“Los familiares -continúa la declaración- debieron sumar al drama de la pérdida de un ser querido, toda la injusticia derivada de una guerra y la dictadura impuesta: el dolor y la situación de incertidumbre ante las personas desaparecidas, la disgregación de los núcleos familiares por las penas de cárcel y destierro, las secuelas síquicas que muchas personas no pudieron superar nunca y pagaron con la enfermedad y la muerte prematura, la penuria económica (muchos sufrieron el expolio de sus propiedades), y el horror cotidiano de las afrentas públicas (cortes de pelo y paseos…), los agravios e insultos (lanzados desde todas las instancias oficiales y medios de comunicación de la dictadura o, en algunos casos, desde los púlpitos de las iglesias, y continuados en la calle al amparo de estas entidades), la persecución brutal del euskara y de la cultura euskaldun, la proscripción oficial, la marginación social y la indefensión más completa”.
“Tras la muerte del dictador Franco, en muchos casos los familiares y amigos de los asesinados desenterraron los cadáveres de cunetas, descampados y tapias. Lo hicieron a la luz del día, con el cariño y la dignidad de sus allegados, pero sin el reconocimiento oficial.
Ninguna de las instituciones de Navarra implicadas en el golpe militar o en la dictadura reconocieron sus gravísimos actos ni pidieron perdón públicamente. Tampoco lo ha hecho hasta la fecha la jerarquía de la Iglesia católica”.
El acuerdo del pleno instaba también al Gobierno de Navarra a apoyar económicamente la construcción de un monumento-escultura (germen de lo que luego fue el Parque de la Memoria de Sartaguda) Este apoyo fue posteriormente evaluado en 150.000 euros. La declaración institucional del Parlamento de Navarra, su repercusión en la prensa local y estatal supone también un incentivo para que la memoria histórica del 36 adquiera gran interés en la ciudadanía.
Texto completo de la Declaración.
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