Entrega de 60 certificados de reparación y reconocimiento personal

 

Día 29 de Mayo, viernes, a las 18 horas en el Parlamento de Navarra.

Seguramente el último acto que se celebre en la  casa de la ciudadanía navarra en esta legislatura que agota su mandato. Se procederá a la entrega de los certificados de reparación y reconocimiento personal a los familiares de 60 ciudadanos y ciudadanas de Navarra, que sufrieron el asesinato, violencia o persecución y que así lo han solicitado.

La entrega de estos certificados responde a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura».

En virtud del citado artículo de la ley de Memoria Histórica, «se reconoce el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores».

«Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia», agrega la ley.

Es el tercer acto de estas características que promueve AFFNA-36

Con los que se entreguen mañana, serán 154 los certificados que habrán recibido esas tantas familias navarras con victimas en un acto colectivo. Desconocemos el número de reparaciones recibidas individualmente.

Qué efectos tiene la Declaración de Reparación

Reconocimiento y la reparación moral para aquellas personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y de la Dictadura, y para sus familiares.

Se entregará al peticionario un Título expedido por el Ministro de Justicia en el que constará la Declaración de reparación y reconocimiento personal.

Se concederá una única Declaración de reparación para cada persona afectada. Se podrán expedir copias del Título.

La Declaración no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. Sin embargo, será plenamente compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico.

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